Fidel Gómez 
monarquía
Fidel Gómez | La vuelta de la democracia a España, plasmada en la Constitución de 1978, llevaba aparejada la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La ratificación en referéndum, por amplísima mayoría, de la Norma Fundamental atribuyó legitimidad democrática a todo su contenido, incluida la institución de la Corona, regulada en el Título II. El rey Juan Carlos I había recibido plenos poderes del dictador Francisco Franco en 1975 y, en virtud de la transición democrática, fueron devueltos a los representantes electos del pueblo español.
Sin embargo, esta realidad jurídico-constitucional, que transforma la legalidad franquista de la sucesión a la jefatura del Estado en legitimidad democrática incuestionable, se ha discutido políticamente en momentos puntuales de la historia reciente. En efecto, en los primeros años del reinado, hasta el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981, fue rechazada por parte de las fuerzas políticas antifranquistas, que consideraban al rey un franquista travestido sin autonomía ni capacidad de maniobra; en una segunda etapa, que comienza con el papel esencial desempeñado por el monarca para impedir la involución, —por cierto, eximiéndolo entonces de toda implicación, ni siquiera de un conocimiento previo, en la intentona—, queda consolidado plebiscitariamente en el trono como primer garante del sistema democrático ante los llamados poderes fácticos, dejando fuera del bando juancarlista, que no monárquico, a los grupos marginales de izquierda y derecha extraparlamentaria. Finalmente, en la época actual, tras la proclamación de Felipe VI por abdicación de su padre, atacado por un recrecido movimiento republicano de nuevo cuño.
Como sabemos, la figura de Juan Carlos I cae definitivamente en desgracia a partir del accidente que se produce en la cacería de Bostwana, lo que destapa la cara oculta de un monarca hasta entonces intocable. Su situación, una vez se levanta el velo de la impunidad y se abre la veda (nunca mejor dicho) del derecho de información, se vuelve insostenible ante la evidencia de una conducta personal reprochable y nada ejemplar. La sucesión en el trono coincide con un tiempo convulso de la vida política española, marcado por la crisis financiera de 2008, que tiene como epifenómenos la quiebra del bipartidismo por el desencanto de la sociedad y el desarrollo de la aventura política del proceso independentista catalán.
El reclamado movimiento por la III República, casi exclusivamente virtual por su práctica irrelevancia fuera de las redes sociales, tiene cierto predicamento en sectores de la población cercanos a las posiciones de un compuesto realmente abigarrado de fuerzas políticas, a saber: la coalición de gobierno oficialista de Podemos e Izquierda Unida, la diáspora crítica de este espacio y las confluencias desavenidas; minorías no legitimistas en el ámbito del PSOE y de un amplio sector del PSC catalanista; las derechas e izquierdas secesionistas consolidadas; los grupos independentistas-aspiracionales emergentes de otros territorios «no históricos»; los movimientos antimilitaristas reconvertidos; y, en fin, la ultraderecha alternativa minoritaria. Si se permite la licencia histórica, mutatis mutandis, las mismas fuerzas que complicaron la existencia a la II República antes y durante la guerra. Es difícil imaginar que de esta amalgama de intereses yuxtapuestos puede nacer hoy, fruto de un consenso mayoritario, una República integral y laica de ciudadanos libres e iguales.
El pensamiento por la República de la España actual carece de otro contenido, en agudo contraste con la tradición republicana ateneísta, que no sea presionar en todos los frentes posibles por la caída de la monarquía. Sustituir al rey por un presidente republicano es una meta final compartida, no lo que venga después. El razonamiento estrella al uso es que su titular, como si se tratara de Alfonso XIII, no tiene legitimidad democrática al no haber sido elegido en las urnas, argumento falaz que últimamente se extiende también a los titulares del poder judicial. Como complemento de autoridad, se insiste en la inutilidad de la Corona en términos coste-beneficio, en la inviolabilidad blindada de la persona del rey y en el sesgo político reaccionario de una institución caduca. La campaña anti-Zarzuela se actualiza sistemáticamente de acuerdo con la agenda oficial de la familia real y las noticias sobre los diversos contenciosos del rey-padre.
Dejando al margen el hecho de que, en un sistema democrático, sea parlamentario o presidencialista, cualquier regulación legal material es siempre democrática cuando la norma formal ha sido aprobada siguiendo el procedimiento legislativo establecido y, por tanto, por los mismos trámites puede ser cambiada (incluida la reforma constitucional, la inviolabilidad personal del rey, el orden en la sucesión y el presupuesto de la Casa Real), es llamativa la pobreza de la argumentación para pedir nada más y nada menos que un cambio en la forma política de la nación, y sin considerar sus posibles consecuencias. Sería esperable más altura de miras y que se aludiera a los pretendidos beneficios para el Estado, la comunidad política y los ciudadanos que tendría la designación de una jefatura del Estado republicana, más allá del procedimiento formal de su nombramiento.
La primera consideración que cabe hacer es que, pese a la convulsión sistémica de tal reforma, no presentaría ninguna diferencia sustancial para el gobierno del país, puesto que la nueva magistratura presidencial que encarnaría la jefatura del Estado tendría exactamente las mismas funciones asignadas hoy al rey: símbolo de unidad, arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones, alta representación en las relaciones internacionales y sanción de las leyes aprobadas por el parlamento. El rey, como tampoco lo tendría un presidente de república, carece de poder ejecutivo (potestas) y de posibilidad de resistirse a las decisiones de los representantes de la soberanía nacional.
En este frívolo debate se centra el argumento central de los partidarios de la república sobre la tacha de permanencia del monarca, como titular de la jefatura del Estado, sin someterse a elecciones periódicas para su eventual relevo, siendo así que este punto es lo que constituye precisamente la principal ventaja de un monarca, elegido por sucesión dinástica de manera vitalicia, frente a un presidente republicano, producto de la elección política directa o indirecta por tiempo tasado. La característica de la permanencia, inherente a la tradición real, es lo que permite ventajosa e incomparablemente al rey, y permitirá a la futura reina si llega a ser proclamada, ejercer su auctoritas al desempeñar las funciones atribuidas por la Constitución.
Es claro que la encarnación de la unidad de la nación, si la consideramos un bien jurídico del máximo valor a proteger, se ve beneficiada con la identificación con una misma persona a lo largo del tiempo y no con personas cambiantes y de permanencia efímera. En la España invertebrada del pasado y en la asimétrica del presente, parece poco discutible que el rey, pese al ruido interesado de sus detractores, siempre contará con mayor apoyo social que un presidente elegido por la mayoría política coyuntural. La autoridad real puede dilapidarse con una conducta personal impropia, como ha ocurrido con el rey emérito, o con el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
El hecho de encontrarse al margen de la contienda política, con estricto mandato de neutralidad, se correlaciona mejor con simbolizar la unidad y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. A este respecto, hay que recordar, frente a los interesados en la confusión, que los discursos públicos del rey son supervisados por el Gobierno de turno, incluidos los de Navidad y Pascua Militar y los excepcionales, como el que ofreció el del 3 de octubre de 2017 sobre Cataluña; y, por tanto, la oportunidad, y su acierto o desacierto, siempre es compartida y obedece esencialmente a la acción política del gobierno en ejercicio. El rey, por iniciativa propia o a través de su Casa, tiene capacidad de influencia, pero en absoluto puede decidir en contra del Gobierno.
Respecto de la alta representación de las relaciones internacionales, no es necesario ponderar mucho la posición ventajosa en la que se encuentra un monarca en relación con un presidente de república de una potencia media. La jefatura del Estado colabora en la acción exterior de los gobiernos competentes especialmente a través de las visitas de Estado y las relaciones personales con los mandatarios que va consolidando. Una vez más la simple permanencia en el cargo, unido a la simbología incomparable de la realeza, concede una posición privilegiada al rey de España o la reina de Inglaterra con respecto a los presidentes de Portugal, Alemania o Italia. El caso de Francia es particular, puesto que el presidente de la República ejerce a la vez el poder ejecutivo y representativo, adoptando claramente una escenografía regia en el ejercicio de esta función. En este sentido, resulta ilustrativo comparar la parafernalia del desfile militar del 14 Juillet con la de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
Como conclusión a esta reflexión a propósito del debate monarquía o república, cabe preguntarse por las consecuencias internas y externas que seguirían a una eventual desaparición de la actual monarquía española. Parece probable que se acelerasen los procesos en marcha de la fragmentación territorial, con el beneplácito de los partidarios de la secesión o confederación de los restos de la partición; la degradación de la ciudadanía española en el conglomerado normativo de las comunidades autónomas, y se contrajese la presencia de España en el mundo, asociada en gran medida a la monarquía reinante. La paradoja es que hoy en nuestro país una monarquía parlamentaria permite defender mejor los valores republicanos jacobinos de la libertad, igualdad y fraternidad que un conglomerado de pequeñas repúblicas regionales confederadas.
Y una coda final: defender el oficio del rey en la España de hoy por las razones indicadas no implica en absoluto renunciar a la reforma de una institución privilegiada, que no puede ser autónoma, para acomodarla a los principios y valores de un Estado social y democrático de derecho.
Fidel Gómez
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Genial artículo. A mi humilde entender, el ruido de sables para una tercera republica, suena a oportunista con un joven rey recién estrenado y proviene de una izda caviar perversa que querría aprovechar la situación para escriturar la finca e instalarse definitivamente en ella cual chaves y tal como pretendía el ex honorable al crear dinastía con el heredero designado, cuya muerte política, degenero en un tsunami antiespañol que se fue de las manos en un ejemplo de codicia desaprensiva y destrucción de una autonomía
“Es claro que la encarnación de la unidad de la nación, si la consideramos un bien jurídico del máximo valor a proteger, se ve beneficiada con la identificación con una misma persona a lo largo del tiempo y no con personas cambiantes y de permanencia efímera.”
Pues nada, si ya estaba en desacuerdo con la simplificación tendenciosa del republicanismo a una mera cuestión de acoso y derribo de la monarquía, con esta sentencia suya, se me hace innecesario aportar argumento alguno. Ya lo ha dicho todo usted.
Lo que hay que leer…
Lamento no estar de acuerdo con el fondo del artículo. No considero que sea un “falso debate”; sino, más bien, un “debate hurtado” a los ciudadanos españoles. Aquí lo expliqué en el mismo medio 👉https://www.elpapel.es/la-transicion-espanola-acabara…/
Efectivamente, el dejate de la monarquía es un debate hurtado, como bien acierta a describir Antonio Francisco, tal y como demuestra el ‘off the record’ de Suárez. Vídeo que demuestra no sólo el fraude que masticaron entonces los españoles, sino también el papel de los medios de la época a la hora de mitificar, dulcificar, y ocultar el hurto de un referéndum que nunca existió. A pesar de que nos trataron de hacer creer que sí, que el Rey está legitimado y votado por un referéndum tramposo que daba a elegir únicamente entre más dictadura y un sistema parasitado por el borbonato.
A día de hoy, sólo los mayores de 64 años han podido votar en aquel referéndum. Así que sí, compañero Fidel, va tocando comprobar si realmente el republicanismo es tan irrelevante como usted afirma.
Lamentablemente, sospecho que un referéndum no caerá fácilmente, precisamente debido a que el sector supuestamente progresista que usted representa, será el aliado cuando llegue el momento, de la derecha monárquica. Así que sólo nos queda esperar a que los Borbones de última generación consigan degradar tanto la imagen de la institución que no quede alternativa a una Tercera República.
Gracias por las reacciones. Mi intención en este artículo ha sido reflexionar, con mayor o menor fortuna, sobre los términos en que está planteado el debate monarquía o república en este momento en España, en la actual coyuntura, no sobre las circunstancias de la Transición política, ni mucho menos sobre el papel histórico de la monarquía. No siento pulsión alguna de defensa de la realeza. El artículo parte de la idea base de que el sistema democrático parlamentario actual sería el mismo aunque se cambiara por una mayoría social la forma de gobierno. Y que la República que vendría, a la vista de las fuerzas que la proponen, no sería integral, laica y de ciudadanos libres e iguales. Y esta es la paradoja: la actual monarquía constitucional, a mi modo de ver aquí y ahora, permite mejor el desarrollo de una doctrina jacobina en relación con las previsibles repúblicas confederadas que seguirían a su caída. Naturalmente todo es discutible y matizable. Saludos.
Si se cambia por una mayoría social la forma de gobierno, dudo que se limite a la supresión de la monarquía. Si se da el caso, supongo que será porque hay una mayoría progresista con fuerza suficiente para modificar algo más.
La monarquía actual, por supuesto, mantendrá una posición antiindependentista y antinacionalista, cuando le convenga, pero no por convicciones jacobinas, sino porque es, simple y llanamente, de derechas.
Me parece perfecto, el análisis que realiza Fidel Gomez en este extraordinario artículo