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A raíz de la publicación de “El Regreso de la Política industrial”:
1) El Jacobino celebra que se ponga encima de la mesa este tema esencial para nuestra economía y para el bien común. Lo hemos repetido hasta la saciedad: tanto la terciarización del modelo productivo, la dependencia en turismo y hostelería, como la competencia vía salarios bajos y condiciones laborales liberalizadas, sumado a la precariedad, el fraude laboral masivo y la uberización de la economía global, conforman un cóctel explosivo que destroza las condiciones materiales de millones de trabajadores en nuestro país.
2) Somos escépticos con el intento de desligar el proceso de desindustrialización de la convergencia europea y del disfuncional diseño de la UE, con una estructura muy dual, y un sur periférico y subalterno, con una deuda pública actualmente disparada, lo cual tiene que ver con el diseño estructural de la propia Unión, carente de instrumentos fiscales y presupuestarios de integración. Todo ello responde a la configuración plasmada en el Acta Única y Maastricht, la libre circulación de capitales y mercancías sin una integración política, social y fiscal digna de tal nombre.
Necesitamos transformar esas estructuras urgentemente y los países del sur de Europa deben dar una batalla coordinada a esos efectos. No podemos vivir solo del turismo ni del sector terciario ni tener un tejido productivo tan endeble como el actual.
3) El Estado emprendedor, que guíe y planifique esa reindustrialización, no puede ser, por más que algunos se empeñen, un Estado centrífugo y repleto de tensiones cantonales que bloqueen cualquier plan nacional. Lo vimos y sufrimos en la pandemia: imposibilidad de implementar un mando único, mecanismo de solidaridad quebrados, un Estado vaciado de competencias y con un presupuesto menguante, obligado a recabar la conformidad de las Autonomías, cuyos gobiernos exhibieron una mezcla de sálvese quien pueda, un burdo discurso libertariano individualista extremo (Madrid) o el clásico nacionalismo particularista y refractario a cualquier política igualitaria (CCAA gobernadas por nacionalismo fragmentarios y aprendices).
4) Dicha industrialización debe tener en cuenta las últimas tecnologías disponibles y la rápida evolución de las mismas, tanto a nivel medioambiental como de mejora de la productividad, con el objetivo de ganar en competitividad sin devaluar los salarios. Ninguno de estos enfoques debe poner en segundo plano las condiciones materiales de vida de las personas. Un ecologismo racional es necesario por razones de salud y sostenibilidad, así como una democratización de la gestión de las empresas a través de la participación de los trabajadores. Todo ello sin olvidar la necesaria reforma de las estructuras políticas europeas y la imprescindible oposición a las derivas plutocráticas del capitalismo y las acumulaciones de capital, que tanto riesgos suponen para la democracia.
5) Conclusiones: sí a la política industrial. Necesidad de participación del Estado en sectores estratégicos: financiero, energético, telecomunicaciones. Criterios de bien común y de utilidad social en la producción. Necesidad de acometer esa política en el contexto de una trasformación de estructuras europeas hacia la coordinación, la unión fiscal, social y presupuestaria, la autonomía energética y estratégica. Además, es condición de posibilidad de este plan que España no esté diseñada territorialmente como una suma de cantones insolidarios, con un Estado central vaciado y sin capacidad productiva ni planificadora alguna. Necesitamos una recentralización al servicio de una política industrial coordinada a nivel nacional, sin excepciones identitarias ni privilegios de regiones ricas, atendiendo a los intereses de todos y especialmente de los trabajadores más depauperados, así como de las zonas geográficas peor financiadas y más perjudicadas por el diseño actual.
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