seguridad
Guillermo Ferrer | Permítanme que empiece el articulo haciéndoles una pregunta. ¿Qué tienen en común el feminismo actualmente dominante y el COVID? Probablemente poco o nada pensaran ustedes, pero me gustaría hablarles en este articulo de un patrón común en ambos, y es el que en ambas cuestiones se nos esta planteando que debemos renunciar a derechos fundamentales para proteger la seguridad.
A este fenómeno me gustaría designarlo, parafraseando descaradamente a Daniel Bernabé, “La trampa de la seguridad”. (Por cierto que si no han leído su articulo y posterior libro, “la trampa de la diversidad”, deberían hacerlo inmediatamente).
La cuestión con la seguridad es que es un valor básico sin el cual no puede existir prácticamente ningún otro. Robert D Kaplan ilustra bien el caso en algunos de sus libros cuando habla de los errores cometidos en Irak: No puedes esperar que la gente este contenta por tener democracia y elecciones cuando resulta que han perdido el suministro de agua y sufren un atentado o un asesinato en su calle un día si y el otro también. No obstante, en la mayoría de los países occidentales no estamos en esa situación ni mucho menos. Aunque haya alguna cuestión mejorable en general nuestros países son bastante seguros y no existen grandes riesgos para la seguridad personal. Esto ha hecho que lleguemos a un punto donde lograr mejoras en el aspecto de la seguridad cada vez cuesta mas, lo cual es fácil de ver con el siguiente ejemplo: Si tu en un barrio no tienes ningún policía, poner 2 aumentara mucho la seguridad. Poner 10 se seguirá notando bastante. Pero si llega un momento en el que tienes 100 policías en un solo barrio, poner 30, 40 o 50 mas no tendrá prácticamente ningún efecto. Hay que buscar otras medidas.
La cuestión es que sucede cuando surge un movimiento como el feminismo actual, que hace permanentemente de la mujer una victima.
España es objetivamente uno de los países mas seguros del mundo para las mujeres, si no el que mas. Basta con mirar cualquier índice internacional al respecto. Eso hace muy complicado mejorar la seguridad de las mujeres. Pero como hay quien hace carrera política en base a la idea de que España no es seguro para las mujeres (nuestra ministra de igualdad afirmo literalmente que “Madrid no es segura para las mujeres”) cuando llegan al poder tienen que intentar hacer algo para solucionar el problema que llevan años denunciando. Y la solución pasa por aumentar la seguridad a base de recortar derechos de los supuestos agresores.
Así, en nombre de la seguridad se cometen atropellos como eliminar la presunción de inocencia, haciendo que ante una mera denuncia (sin absolutamente ninguna sospecha) un hombre no pueda volver a ver a sus hijos.
O que si una mujer empieza una pelea y su pareja se defiende, este tenga mas condena que ella, cargándose el principio de igualdad ante la ley en nombre de la seguridad de las mujeres.
Y además, el problema es que esa “saturación” de la curva de “medidas necesarias” – “mas seguridad” tiende a infinito. En cristiano: Se puede reducir mucho la incidencia de un tipo de crimen, pero jamás se podrá llevar a cero. Es imposible lograr que en un país de 45 millones de personas no haya ningún hombre que por el motivo que sea mate a su mujer, igual que es imposible que no haya absolutamente ningún robo o absolutamente ningún asesinato.
El feminismo esta prometiendo un imposible y como no lo logra, en su huida hacia adelante cada vez se intentará llevar mas derechos por delante.
Con el COVID sucede algo parecido, aunque en menor grado. Nadie duda de que en un primer momento las medidas necesarias fueron imprescindibles para salvar muchas vidas, pero a medida que avanza la vacunación hay que preguntarse… ¿Qué precio en restricciones hay que pagar? ¿Por cuanta seguridad? ¿Cuántos casos nos evitamos restringiendo estos derechos? Porque como hemos visto la seguridad total no existe, y cada vez parece mas claro que el virus no va a desaparecer totalmente con las vacunas.
Así, solo puede causar estupor cuando toda una diputada nos dice que “sin mascarilla y sin toque de queda seguirá habiendo botellones”. Como si la eliminación de los botellones (algo que por otra parte ya estaba prohibido) pudiese justificar el eliminar la libertad de circulación de los españoles, un derecho constitucional, y encerrarlos en sus casas por narices bajo pena de multa si alguien osa salir.
Y lo peor es que hay quien lo compra.
Lo mas llamativo de ambos casos es que tanto en uno como otro, los defensores de la seguridad usan lo que Miguel Angel Quintana Paz describe como “la falacia del castillo y la llanura”. Si tu planteas una batalla intelectual en “la llanura” explicando que hay una serie de derechos confrontados que hay que equilibrar, ellos se retiran a “su castillo”, desde el cual te acusan de ser una malísima persona que no te importa la seguridad de las mujeres, o de no importante la salud de los mayores.
Cosa que evidentemente no es cierta, pero con ello ya ganan la superioridad moral entre las masas que solo se mueven por el populismo. Y una vez que con ese (falso) argumento azuzan a sus seguidores normalmente con el consiguiente linchamiento en redes, tienen después la llanura libre para seguir recortando derechos con poca o ninguna oposición.
¿Cómo se puede luchar contra esto? me preguntaran. Pues lo cierto es que no lo se. Porque el problema viene de base.
Y es que si en uno de los países mas seguros del mundo, con un gran (aunque mejorable) servicio sanitario publico la idea de inseguridad y de miedo se permite que cale tan fácilmente entre la población, es muy difícil después combatir con argumentos la trampa de la seguridad.
Guillermo Ferrer
“Así, en nombre de la seguridad se cometen atropellos como eliminar la presunción de inocencia, haciendo que ante una mera denuncia (sin absolutamente ninguna sospecha) un hombre no pueda volver a ver a sus hijos”.
Eso es falso y no me refiero solo al aspecto teórico; también al práctico. Si no hay una declaración verosímil en instrucción y un parte de lesiones, no suele haber orden de alejamiento. Orden que, por otra parte, no acostumbra a impedir las visitas con los hijos a través de un PEF o de tercera persona, sino la aproximación o comunicación con la mujer.
Remarco que “sin la más mínima sospecha” no se concede ninguna medida cautelar o de protección jamás. De ningún tipo.