organización autonómica en la informática
Ramón Calle | Cuando en las asignaturas de ingeniería del software nos insisten tanto en aplicar los cálculos de la complejidad computacional para obtener sistemas eficaces y eficientes, es difícil que nuestra mente acepte como válido el contexto organizativo de la administración pública española actual, que vertebra un reparto de competencias que como explicaré, resulta totalmente lesivo para la implantación y el mantenimiento exitosos de los aplicativos informáticos.
Expongamos un ejemplo ficticio que espero nadie en el Gobierno actual o futuro oiga: imaginemos que se quisiera traspasar la gestión del registro de partidos políticos a las comunidades autónomas, actualmente competencia exclusiva del Ministerio del Interior.
Un registro de este tipo debe controlar múltiples aspectos, desde mantener un listado de las denominaciones que reciben los partidos, hasta realizar un reparto económico de la dotación que corresponda según la presencia en los diferentes comicios, altas y bajas de integrantes en las listas, y en general dar soporte a la información del sistema a lo largo del tiempo, garantizando el cumplimiento legal y las obligaciones con los ciudadanos. Toda esta gestión necesita de un aplicativo informático de “backend”, que tiene costes de desarrollo iniciales y de mantenimiento periódicos junto a los de la operación del mismo por personas.
¿Qué podría suceder en nuestro escenario descentralizado? Múltiples problemas derivados de las diferentes visiones que aumentan exponencialmente el riesgo de fracaso. Por ejemplo la comunidad A puede decidir que no comparte las denominaciones de sus partidos con el resto porque el resto no los considera igual de importantes, con lo que podríamos acabar con nombres duplicados, la comunidad B puede no dotar de presupuesto económico a su solución, por lo que tiene que sobrevivir con una hoja de cálculo en Excel y dar un mal servicio, la comunidad C puede realizar un control económico más laxo por una mala decisión de diseño (o por mandato político), con lo que algunos partidos puedan acabar inscribiéndose allí en una suerte de “dumping” fiscal. Como resultado, la celebración de unas elecciones generales podría verse comprometida por una inseguridad en la información y finalmente jurídica.
A ustedes seguro se les ocurrirán más posibilidades, pero lo que es seguro es que sumados los costes de licitación de los 17 proyectos iniciales y los de los contratos de mantenimiento a lo largo del tiempo, el montante económico es infinitamente superior a una solución unificada; sin olvidar que será necesaria más dotación de personal técnico y tramitador que si se hubiera escogido una solución central que se beneficie de las tecnologías y economía de escala.
Podrán ustedes pensar que no existe ningún motivo sensato para acometer este modelo descentralizado en servicios como el expuesto, pues al ser servicios horizontales, es más práctico unificar.
Pues la realidad es peor que la ficción: hemos trasladado históricamente cientos de competencias de las diferentes áreas de gobierno a las comunidades autónomas, creando con ello 17 nuevos contextos tecnológicos y humanos en los que hay que dar solución 17 veces a los mismos problemas, generando con el tiempo diferentes estados de maduración de los aplicativos creados dependiendo de la voluntad política y presupuesto que pueda asignar cada comunidad, fomentando, en resumen, las desigualdades entre regiones.
¿Y si les dijera que el mismo perfil de gestor técnico funcionario en una comunidad autónoma cuasi duplica el salario de otro equivalente en la Administración General? A consecuencia de esta desarmonización salarial se produce un gran déficit de personal informático en la AGE que se va literalmente a trabajar para las comunidades autónomas porque cobra mucho más por la misma responsabilidad.
De todo este gasto sobredimensionado en contratos se benefician los de siempre, determinadas empresas consultoras adjudicatarias que muchos en el mundillo conocemos, muchas veces en connivencia con el poder político, las cuales, ofrecen condiciones laborales precarizadas a sus trabajadores tratándolos como “carne”, vendiendo su trabajo a cambio de un amplio margen de beneficio que casi nunca recae en el empleado.
La solución a todo este derroche consistiría en poder aplicar la lógica, tanto técnica como legislativa, sin dogmatismos ni criterios de oportunismo político, y diseñar modelos centralizados cuando ese sea el ámbito de uso. Y es más, cuando el uso trascienda nuestras fronteras, debería aplicarse la misma lógica y abordar un modelo por ejemplo europeo.
Y una última aclaración. En los sistemas informáticos actuales la centralización no tiene por qué comprometer el rendimiento o a la personalización de las soluciones finales. La tecnología actual permite un modelo lógico único que se despliega a voluntad para dar un servicio final excelente. Todos usamos aplicaciones, por ejemplo en nuestro teléfono móvil, diseñadas y gestionadas de manera centralizada, pero que cumplen a nivel mundial con todos los requisitos que los usuarios demandan en múltiples países e idiomas, adaptándose rápidamente a las tendencias y permitiendo cosas tan complejas como comunicarse con la otra punta del Planeta igual que con nuestro vecino de enfrente.
Esa universalidad es la que debería buscar la verdadera izquierda española, y no la creación de una nación de sub-naciones, con el nada deseable efecto final de generar una entropía legislativa, organizativa y económica difícil de sostener, sobre todo por los estrechos pilares de la arquitectura tecnológica nacional.
Ramón Calle
Exacto.
Saqueo de lo público por parte de las taifas para que los microseñores feudales trinquen a costa de todos.
Si hace falta , se inventa un pasado mítico o se busca un hecho diferencial inventado para arengar y perpetuar el robo.
Luego, para cum laude, algún idioma regional será invocado como causa última de la supuesta necesidad inexcusable para perpetuar el camelo
En España tenemos dinero para mantener RTVE y además todas las televisiones y radios públicas autonómicas que se miran sus respectivos ombligos. ¿No se podría usar ese dinero para impulsar un medio de comunicación público en español para toda la comunidad hispanohablante, con periodistas en el mayor número posible de países? Hasta donde yo sé el único canal de televisión de estas características es RT en español, un medio que evidentemente defiende los intereses de Rusia. ¿Tan poca amplitud de miras tiene España y tan ocupada está en devorarse a sí misma que no es capaz de impulsar la influencia mutua y la colaboración con Hispanoamérica?
Es una gran propuesta. ¡Gracias por tu aportación!