Alfredo Pérez Rubalcaba acuñó la expresión Gobierno Frankenstein: decía, aquel insigne socialista, que no puede ser ir de la mano de quienes desean romper aquello que ellos quieren gobernar; refiriéndose a la Nación española y al PSOE.
Sin embargo, desoyendo los consejos de su predecesor en la Secretaría General de su partido, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sucesivamente, ha ido enlazando pactos de investidura incompatibles con sus promesas electorales hasta el actual; desdibujando completamente el pasado del principal partido de centro izquierda de nuestro país hasta convertirlo en un pelele a su servicio personal -lo que se ha denominado sanchismo-, renegando de todos los principios y valores que el socialismo democrático representa en pos de su mantenimiento en el poder a costa de pagar un altísimo precio que en su conjunto sólo cabe definir como un ejemplo de corrupción institucionalizada (la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho de sus gestores), hasta el punto de que hoy España se sitúa a un nivel semejante, según en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC – 2023 elaborado por Transparency International), al de Letonia o Botsuana y por debajo de nuestro vecino, Portugal.
El asesor económico de Izquierda Española, Juan Francisco Martín Seco ha resumido así la situación: «El sanchismo no distingue entre la verdad y la mentira, desprecia el derecho y vilipendia a los jueces. Después de cinco años, ¿de qué nos vamos a sorprender?».
Sin embargo, algunos como el que suscribe aún llegamos a sorprendernos al intentar desenredar algunas tramas de corrupción por sus numerosas ramificaciones, actores implicados y, lo que es aún peor, por la falta de respuesta que desde las administraciones públicas, controladas por los mismos políticos implicados, se está dando a las mismas. Y así, centrándonos en la situación en Cataluña, el diario digital El Triangle, ha ido desgranando los tentáculos de la mercantil Iniciatives Events, una empresa igualadina, investigada por la Guardia Civil, enmarcada en la denominada operación Volhov, que dirige el Juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona.
Los investigadores aseguran que “del análisis efectuado y, salvo error u omisión, se llega a la conclusión principal [de] que [sus administradores] constituyen, cuando menos, un auténtico cártel empresarial que, a falta de continuar avanzando la investigación, obtiene, con la connivencia de funcionarios y autoridades públicas, y de forma irregular, la adjudicación de contratos públicos”.
No sería éste sino un caso más de los que asolan nuestro país, si no fuera porque el mismo afecta a la Generalidad de Cataluña, a diversos ayuntamientos como el de Barcelona y a asociaciones controladas por el nacionalismo catalán como la Federación Catalana de Fútbol; y, todo ello, para beneficio directo o indirecto de quienes dirigían el Procés independentista que en 2017 tuvo su momento culminante.
Probable y presuntamente, nos encontremos ante la gran máquina financiadora del proceso independentista de la que se nutría la organización criminal que lo dirigía y dirige, aún hoy, desde Waterloo (Bélgica). Esperemos que más pronto que tarde, demos tiempo al tiempo, la Justicia acabe por determinar el alcance de la misma y depure las responsabilidades a que en Derecho cupiera lugar… si la dejan en paz.
Lo más alarmante, descorazonador y quizás novedoso, es que mientras más nos acercamos al meollo del asunto, de menos instrumentos de investigación se dispone.
Nos levantamos un día con la noticia de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional –¿se acuerdan que Jordi Pujol preguntaba que “qué coño” era eso de la UDEF?– ha dejado de investigar la corrupción política en toda España (depende de su Gobierno); para, levantarnos otro conociendo que en los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, se ha “blindado” como comisario jefe a un simpatizante del partido que gobierna en esta comunidad autónoma quien se reunió en la prisión de Lledoners (Barcelona), a espaldas de su superior entonces, con Oriol Junqueras, uno de los principales líderes secesionistas; en el enésimo paso para controlar la unidad anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) (dependiente de la Generalidad de Cataluña). El concurso para su nombramiento por libre designación, de momento, ha sido impugnado por tres de los principales sindicatos del Cuerpo autonómico.
Ante una situación como la descrita, muy sucintamente, no cabe sino preguntarse qué se puede hacer en este momento crítico para España de peligro real para nuestra democracia desde la ciudadanía, desde el mundo del trabajo, contra esta casta política que dirige en estos momentos nuestras administraciones públicas como quienes hacen y deshacen a su antojo en un cortijo de su propiedad utilizando de forma partidista los recursos de todos.
Una de las opciones viables a corto plazo es dar entrada a nuevas formaciones políticas que sirvan para oxigenar el espacio público y ayudar así a poner coto a desmanes como los descritos y que nacen, como Izquierda Española, con un claro compromiso en ese sentido: “Luchar decididamente contra el fraude, la corrupción, la elusión fiscal y la deslocalización de empresas y capitales” (uno de los fines estatutarios del mismo).
Carlos Jiménez Villarejo, un referente indiscutible desde la izquierda en la lucha contra la corrupción, citaba en uno de sus artículos al profesor Albert Calsamiglia (catedrático de Filosofía del Derecho), el cual había calificado la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático.
Como ciudadanos, como trabajadores, como demócratas, tenemos la obligación de penalizar en las elecciones a aquellas formaciones políticas conniventes con la corrupción y con sus responsables. Deberíamos saber a quién no prestar nuestro voto dando entrada a quienes expresan su compromiso explícito contra la misma. En este sentido, también, Izquierda Española será una buena opción de la izquierda transversal abierta a todos los progresistas de nuestro país para las Europeas del 9 junio de 2024. Os animo a ofrecernos vuestra confianza.
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El nacionalismo catalán lleva más de cuarenta años gobernando en la Generalidad y en muchos ayuntamientos sin ningún control por parte del gobierno de España, sea del PSOE/PSC o del PP, a cambio de su apoyo en Madrid, y la corrupción y el nepotismo campean a sus anchas. Los catalanes deben votar a otros partidos, a partidos que nunca hayan gobernado en Cataluña. Solo queda una oportunidad para conseguirlo.
Bastante de acuerdo, Antonio. Gracias por tu comentario. Un abrazo