“Con iguales credenciales de excelencia –“esto va de democracia”, “la revolución de las sonrisas”– se presentó el modelo catalán –el procés–. La invocación por sus promotores de la vía eslovena ya hace problemática esa autodefinición noble después de haber observado los tramos oscuros de aquella supuesta vía y sus estribaciones hoy.”
Martín Alonso Zarza y Francisco J. Merino Pacheco
Años antes de los sucesos de 2017 en Barcelona, que hoy podemos calificar de intento de golpe de estado sin temor a equivocarnos, acudí invitado a unas charlas-debate organizadas por un prohombre de la izquierda de Cataluña: José Ribas.
En esos encuentros se hablaba abiertamente y la mayoría de sus participantes eran jóvenes recién graduados en las universidades catalanas que, por lo tanto, no habían estudiado en otra escuela que no fuera la escola catalana (escuela catalana); es decir, inmersionados lingüísticamente en catalán y adoctrinados en el ideario nacionalista hegemónico en Cataluña desde la Transición.
Esos chicos, bien preparados y que se expresaban muy bien, me asustaron por su fanatismo. No veían más salida para su futuro sombrío –por primera vez era una generación a la que les auguraban un retroceso de nivel de vida respecto al de sus padres– que la secesión y la militancia en las emergentes CUP (Candidaturas de Unidad Popular). Recuerdo, especialmente, a una joven que expresó el sentir general: “el proceso independentista ya no tiene vuelta atrás”. Callé.
Han pasado años y la Justicia ha continuado, con su ritmo lento pero seguro, la instrucción de algunos sucesos que protagonizó una organización o grupo terrorista, Tsunami Democràtic: corte de carreteras, toma del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, graves disturbios por las calles de la ciudad, etc.
Lo de “terrorista” no es baladí porque aquellos hechos son de extremada gravedad y entran, de plano en mi opinión, en la tipificación que se incluye en el artículo 573 del Código Penal vigente:
- Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:
1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
Además, aquí no cabrá “adaptar” nada a la legislación europea (excusa que sirvió de coartada al Gobierno Sánchez para eliminar el delito de sedición) ya que el texto de este artículo se introdujo por una Ley orgánica en 2015 como consecuencia de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014. Además, la nueva definición de delito de terrorismo del referido artículo 573 se inspira en la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre de 2008.
Lo más grave de todo lo anterior es que, de la instrucción aludida, se ha filtrado un informe de la Guardia Civil que conecta a miembros destacados de los partidos que han sustentado al actual Gobierno de la Generalidad con la dirección del terrorismo regional (incluso algunas conversaciones grabadas incluyen a ex dirigentes de bandas terroristas donde se habla de la necesidad de “100 muertos”).
Las evidencias llevan a concluir que el nacionalismo catalán (fundamentalmente, los partidos políticos ERC, JxCat, CUP y las asociaciones instrumentales de aquél como ANC y OC, dentro de una tupida red de fundaciones, medios de comunicación, sindicatos, etc.) se coordinó antes, durante y después de los sucesos de 2017, no renunciando a nada; ni siquiera al terrorismo ni a posibles muertos útiles para la causa.
Al Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que preside el Magistrado Manuel María García-Castellón García-Lomas le ha tocado una patata caliente (en breve deberá dar por finalizada la instrucción). Quédese con el lado positivo de la cosa, si es que lo tiene: ahora conocemos la verdadera cara de quienes nos gobiernan en la Generalidad de Cataluña, verdaderos responsables de aquellos días aciagos para todos los catalanes y para todos los españoles, en general; en toda su extensión criminal.
Mientras tanto, estos mismos días, el Gobierno de la Generalidad que preside Aragonès (ERC) acaba de adjudicar los actos de la Diada a una empresa vinculada a ese partido, Iniciatives Events, investigada precisamente por ser la responsable de la organización efectiva de los actos que se atribuyen a Tsunami Democràtic. ¡Cómo si oyeran llover!
Si volviera a ver a aquellos chicos de hace unos años les diría: “el proceso independentista sí tiene vuelta atrás”; pasa porque los responsables de conductas criminales sean juzgados y cumplan las penas que les correspondan y porque, por fin, en nuestra sociedad emerja un oasis de convivencia y de respeto entre ciudadanos iguales y libres.
Democracia y sonrisas sí; pero, de calidad y de verdad.
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