política lingüística en las escuelas
Antonio Francisco Ordoñez | Hace unos días, algunos iniciados nos levantábamos sobresaltados al leer que el Gobierno (Sánchez) sostenía que la política lingüística en las escuelas “no es competencia del Estado”. El Ministerio de Educación apuntó, en una respuesta a la Eurocámara, que son los tribunales los que deben determinar si “el equilibrio entre castellano y lengua oficial está siendo vulnerado” (1).
Más allá de que trasladar un asunto de tan profundo calado a los interesados, para que tras un largo y costoso procedimiento decidan los tribunales, denotaría falta de sensibilidad y dejación de funciones, lo cierto es que, Sánchez y los componentes de su Gobierno gregario del primero, ofrecen una respuesta que rezuma hipocresía, sobre todo sabiendo que tradicionalmente el Gobierno de la Generalidad de Cataluña incumple (no ejecuta) las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta materia o en su caso las ejecuta siempre con su parcial visión nacionalista del asunto.
Una vez más un gobierno del PSOE en Madrid o Bruselas, siguiendo las directrices que le marca el PSC desde Barcelona, mira a otro lado, como también ha venido haciéndolo tradicionalmente el PP, y siendo plenamente conscientes de la situación tiran balones fuera; o, como en el rugby, dan una patada a seguir. Los damnificados son los de siempre: los niños castellanoparlantes que no pueden estudiar en su lengua materna -contrariamente a lo que aconseja la máxima autoridad mundial en la materia: la UNESCO- por la imposición autoritaria de los sucesivos gobiernos reaccionarios que desde el advenimiento de la democracia se han venido sucediendo en la Comunidad autónoma catalana. Observen que por el mismo han pasado un largo número de partidos regionales… incluido el PSC.
También es justo recordar que a los niños catalanoparlantes se les hurta la posibilidad de alcanzar un uso culto de la lengua castellana o española; lo que redundará en su falta de competencia en esta lengua a todos los niveles: profesional, cultural, etc.
Pero, ¿es verdad lo que señala el Gobierno de la nación? No lo es; lamentablemente, falta a la verdad y muestra un desprecio absoluto por la justicia social. Por citar a una fuente de prestigio incuestionable, Manuel Aragón Reyes (magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España) (2): “La STC 31/2010 ha dejado claro que (dado lo dispuesto en el art. 3 CE) en las Comunidades Autónomas donde exista lengua cooficial, ésta no puede ser la única lengua vehicular «en» y «de» la enseñanza, sino que también lo ha de ser el castellano, lengua oficial del Estado en su conjunto, esto es, del Estado globalmente considerado y lengua común de todos los españoles. A partir de esa regla general, que opera como límite, tanto de las competencias del Estado como de las Comunidades Autónomas, el reparto competencial en esta materia (según la jurisprudencia constitucional confirmada por la STC 31/2010) es el siguiente: la regulación de la enseñanza «del» y «en» castellano es competencia del Estado, y la regulación de la enseñanza «del» y «en» la lengua cooficial es competencia de la Comunidad Autónoma” (3).
En definitiva, lo que hace el Gobierno de la nación, por motivos de interés partidista y de mantenimiento de su presidente al frente del ejecutivo -al necesitar de los votos nacionalistas catalanes y vascos-, es no actuar donde, como sabe, puede y debe.
Que los partidos políticos hayan acabado por convertirse en organizaciones al servicio de sus intereses particulares resulta malo para el sistema; pero que ello se extienda al Gobierno de todos que debería velar por el interés general resulta catastrófico para quienes defendemos los valores de una república cívica.
El propio Manuel Aragón Reyes, en sus conclusiones al texto citado, nos da la clave: “Suscribo la reciente afirmación hecha por el profesor Antonio Embid, (…) de que «la cuestión del reparto competencial en materia de enseñanza entre el Estado y las Comunidades Autónomas está relativamente aclarada y no es discutida de manera radical». A ello ha contribuido, de manera decisiva, la jurisprudencia constitucional, que, con alguna salvedad (por ejemplo, la relativa a la «alta inspección»), ha sentado una doctrina equilibrada sobre dicho reparto. El problema, pues, no es, creo, de títulos competenciales, pero sí puede serlo de modo de ejercicio de esos títulos, es decir, del alcance de unas y otras competencias. De la Constitución, y de los Estatutos de Autonomía interpretados de conformidad con ella, se desprende que, sin perjuicio de las legítimas competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado tiene competencias suficientes para garantizar un sistema educativo globalmente coherente y para garantizar la igualdad sustancial de todos los españoles en materia de enseñanza. Cosa bien distinta es la voluntad estatal de ejercer sus competencias (que, por otro lado, son, o deben ser, de obligatorio ejercicio, ya que, por principio, las competencias son irrenunciables). Por ello, en momentos como los actuales, en los que, desde algunos sectores, se ha propuesto una modificación (habría de serlo, creo, mediante reforma de la Constitución) del reparto competencial en la enseñanza para atribuir al Estado, prácticamente en exclusiva, las competencias sobre la materia, me parece que quizás se está partiendo de una base cuanto menos discutible: la de que, actualmente, el Estado carece de suficientes competencias para asegurar un sistema común y sustancialmente igualitario de enseñanza en todo el territorio. Creo que ello, constitucionalmente no es así. Y sin perjuicio de que pueda defenderse la pertinencia de reformas constitucionales (asunto en el que debo opinar), sí me parece oportuno señalar que, ahora, el Estado tiene mayores capacidades de actuación de lo que a algunos le parece y que, quizás, antes de acudir a la reforma de la Constitución, podría intentarse aplicarla en toda su plenitud”.
Aragón, dixit. Amén.
Antonio Francisco Ordoñez
(1) https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/gobierno-politica-linguistica-no-es-competencia-estado_518490_102.html
(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Arag%C3%B3n_Reyes”
(3) Las competencias del Estado y de las Comunidades autónomas sobre educación (de Manuel Aragón Reyes)
Abogado y letrado del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Ha participado en la creación de diversas organizaciones políticas como ASEC/ASIC o AIRE
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La descripción del Sr. Ordóñez es muy optimista. La realidad a pie de calle es mucho peor. Espeluznante de hecho.
El idioma supuestamente “vernáculo” es usado, principalmente en Cataluña y la comunidad vasca como hormigón-cimiento en el que se base la famosa construcción nacional. El objetivo es crear diferencias que sirvan para justificar posteriores movimientos de ruptura. De manera suave en general y en un proceso que ya dura 40 años.
Se impone que los niños no usen su lengua materna en la educación. Se impone exigir un elevado conocimiento de dicho idioma vernáculo para acceder a puestos bien remunerados en la administración autonómica de turno, contribuyendo a elevar su status y a que se “trague” de manera resignada. Se falsea la historia para ejercer el victimismo sacrosanto que justifique los desmanes actuales basándose en relatos falsos y manipulados de “siglos de opresión”. Sirve para que los dueños de la taifa dispongan de un rebaño propio al que guiar y explotar, que mágicamente acabe en las fronteras imaginarias de la autonomía (perdón, el PAÍS (ironía OFF), con mayúsculas, porque ellos se encargan de decir que España no es un país).
En Navarra, ha habido conciencia de esta situación y se frena pese a las sucesivas cesiones de “la supuesta izquierda” y “la supuesta derecha”, más preocupados de asegurarse un puñado de votos en el parlamente (desgracias que suceden debido a una ley electoral descabellada, nacida para dar poder a los supuestos buenos chicos de las derechas cavernarias regionales frente a los malvados comunistas nacionales), pero en Cataluña y la comunidad vasca, la cesión es absoluta. Así en el País Vasco, en zonas en las que nunca jamás se ha hablado euskera por la generalidad de sus habitantes (Encartaciones de Vizcaya y la mayor parte de Álava), llevan 40 años de imposición en la enseñanza, además de cambios en la toponimia con miles de excusas. Mientras en la comunidad vasca haya dinero expoliado al resto de españoles vía el misterioso cálculo del Cupo, se podrán apaciguar a las gentes con dádivas y subvencionando a los acólitos para dar una falsa sensación de normalidad y de cambios de “construcción nacional” deseados por la gente.
Hay que llegar a consensos entre partidos con responsabilidades en España: ley electoral, protección de lo común, defensa sin complejos de la historia, freno a los nacionalistas derechistas supremacistas (principalmente en cataluña y comunidad vasca)…. y a partir de ahí podrá haber un tira y afloja, normal en cualquier país, sobre el modelo de sociedad, leyes etc. No podemos seguir sufriendo la sangría de esta banda de parásitos “vernáculos” que no aportan nada. Que nos mareen con lenguas y hechos diferenciales inventados. Con supuestos derechos históricos que nunca fueron tales. Con represiones imaginarias pergeñadas para apoyar sus objetivos políticos.
Ya basta.