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Mario Vadillo | Vivo en un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid y quiero hablaros de los Servicios de Atención Rural (SAR), la primera línea de la atención sanitaria en pueblos como el mío. Hasta la fecha, en la CAM contábamos con cuarenta centros de urgencias para atender las localidades más alejadas de la capital. También con treinta y siete centros, denominados SUAP, para el área metropolitana. Estos últimos fueron parcialmente cerrados en junio de 2020, durante la pandemia, por falta de personal. Pues bien, ahora la Consejería se propone cerrar los SAR y sustituirlos por setenta y ocho Puntos de Atención Continuada (PAC) que serían atendidos por los mismos profesionales, con el correspondiente deterioro en las condiciones laborales de los sanitarios y, como es lógico, del servicio que recibimos los ciudadanos.
Tratar de cubrir todos los puestos con la misma plantilla es un plan suicida que obligará a todo el que no esté exento a hacer turnos de guardia por necesidades de servicio. En cada SAR solo quedarán dos o tres profesionales por categoría que tendrán que reforzar los PAC urbanos en horarios de tarde. Este despropósito hará desaparecer las urgencias nocturnas de las zonas rurales, obligando a los médicos y enfermeras de atención primaria a hacerse cargo de estos turnos, pudiendo darse que un sanitario empalme una guardia nocturna con su turno a la mañana siguiente, obligado a asumir jornadas complementarias. Además, el personal podrá ser desplazado por toda la comunidad con el perjuicio que eso supone a los sanitarios, especialmente para los profesionales más veteranos que pueden verse en serio riesgo de ser expulsados del sistema.
De nuevo, pagarán los más débiles. No sólo entre los empleados públicos, sino también entre los ciudadanos más vulnerables: los que no pueden costearse un seguro privado, los que sufren dolencias más severas, los mayores y todos aquellos que tengan que desplazarse desde los pueblos más alejados.
La política debería servir para ensanchar el bienestar de los ciudadanos y afianzar los derechos existentes, pero el gobierno de la comunidad de Madrid no toma esta decisión pensando en mejorar la atención sanitaria, incluyendo cuestiones básicas que deberían ser gratuitas y universales como el dentista, la fisioterapia o la salud mental, que merece una mención especial, puesto que supone un verdadero drama entre la población más joven y está marcada por una variable de clase enorme: aquellos que tienen que lidiar con peores condiciones de trabajo, los que no pueden conciliar, los que viven atemorizados por el fantasma del desempleo crónico, son también los que no pueden pagarse un psicólogo privado.
La salud no debería ser un negocio ni un privilegio y cualquier paso en la dirección de precarizar y privatizar la sanidad pública es un ataque al conjunto de la sociedad que nos daña a todos, sin excepción. ¿De verdad hay alguien que crea que vamos a mejorar las vidas de los ciudadanos sin proteger las condiciones laborales de los sanitarios? En el Jacobino, desde luego, no es así. Estamos posicionados en la defensa de los servicios públicos universales, y exigimos el mantenimiento de unas condiciones laborales dignas para quienes velan por la salud de todos los ciudadanos.
Desde aquí todo mi apoyo a los sanitarios de la comunidad y a la Plataforma SAR Madrid (https://plataformasarmadrid.com), que organiza una concentración el próximo jueves 13 de octubre a las 11:00, en la sede de la Consejería de Sanidad, calle Sagasta 6, Madrid.
Mario Vadillo
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