El peor escenario para el 25N

El peor escenario para el 25N

Paula Fraga | El peor escenario para el 25N: el desmantelamiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y otras amenazas.

Comencemos exponiendo algunos datos. Es necesario señalarlos y recordarlos para quienes se oponen al feminismo y no entienden que en países como España, a pesar de contar con una igualdad formal, esto es reconocimiento de igualdad jurídica entre mujeres y hombres y prohibición de discriminación por razón de sexo, falta un largo camino para que la igualdad sea material. Podemos hablar por ejemplo de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujeres de 2019 en la que se cifra en 1.322.052 mujeres las que han sufrido en alguna ocasión violencia sexual fuera de la pareja. Son ya 70 las mujeres asesinadas por varones en lo que va de año, 37 de ellas, que son los homicidios o asesinatos contabilizados por instituciones, a manos de sus parejas o exparejas. Es especialmente preocupante el incremento de violencia sexual contras las mujeres y niñas. Según el último Balance de Criminalidad que el Ministerio de Interior publica trimestralmente ha habido un aumento en las denuncias de un 30% en comparación con el mismo periodo de 2020. En lo que va de año se han denunciado 6 violaciones diarias, hay una agresión o abuso sexual a una mujer o niña cada 4 horas. Y recordemos que la macroencuesta citada de 2010 afirma que solo el 11% de las violaciones son denuncias. Ello por múltiples causas, entre otras, miedo a no se creída, miedo al agresor o vergüenza.

Quisiera aquí reproducir las palabras de Graciela Atencio, periodista feminista especializada en violencia sexual y fundadora de feminicidio.net que explica el fenómeno diciendo lo siguiente: “El levantamiento de las restricciones y la vuelta gradual a la normalidad ha influido en el aumento de las agresiones sexuales con penetración. Venimos de un período donde el consumo de pornografía ha crecido de manera alarmante y ahora lo estamos viendo reflejado en las calles. No solo aumentan los delitos, sino también el nivel de violencia y agresividad, con secuestros y actos atroces cercanos al sadismo y a la tortura”

Ha habido además un aumento de violaciones grupales. Se está produciendo un efecto de imitación de categorías muy violentas de pornografía. Es necesario pues preguntarse como la normalización y legitimación de la pornografía y prostitución impacta a todas las mujeres, además de a las mujeres a las que lo hace especialmente, las inmersas en el  sistema prostitucional que son víctimas de la más flagrante violación de derechos humanos y una atroz violencia. Que la educación sexual de los adolescentes sea la pornografía es uno de los factores que explican el incremento de la violencia sexual. Penas adecuadas, una educación sexual en las aulas tendente a la erradicación de patrones culturales que subordinan a las mujeres, esto es educación abolicionista de género y por tanto feminista,  una regulación abolicionista de la pornografía o  al menos para comenzar, que limite el acceso del porno a menores son políticas eficientes para eliminar la violencia contra mujeres, políticas que se deben implementar desde instituciones porque, recordemos, la política pública tiene implicaciones en el comportamiento social. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar una política pública que implique decir que la prostitución es un trabajo cualquiera y que la regule trasladando a la sociedad el mensaje de que mujeres y niñas podemos ser objetos a servicio sexual de los varones por unos euros, euros que lo único que hacen es viciar el consentimiento y calmar la conciencia del que paga por abusar,   que una política pública que muestre la realidad afirmando que la prostitución es una forma brutal de violencia contra mujeres y niñas y que una sociedad más igualitaria conlleva abolir la prostitución y dejar de asumirla como un fenómeno natural. Esa es la tesis feminista así como otras propuestas explicadas y sin embargo no son las tesis ni propuestas defendidas ni implementadas por el Ministerio de Igualdad, un ministerio que diciéndose feminista está centrado en hacer políticas para el movimiento transgénero aunque ello comporte la vulneración de los derechos de mujeres y niños/as.

Quienes defendemos el feminismo, quienes queremos acabar con la violencia contra las mujeres y niñas tenemos que entender que las amenazas al feminismo y a los derechos de las mujeres no solo vienen de los sectores conservadores a quienes enseguida identificamos con sus retóricas. Con su oposición al aborto o a las políticas de igualdad, con sus insultos de feminazi y su minusvaloración constante al trabajo y la lucha de las mujeres son de fácil reconocimiento, ni engañan a nadie ni convencen a sectores progresistas y feministas.

El problema es cuando la amenaza al feminismo y la vulneración de derechos proviene de sectores y representantes políticos que se dicen de izquierdas y progresistas y que con sus retóricas del multiculturalismo o diversidad implementan medidas gubernamentales antifeministas, sexistas e identitarias y que convencen a sectores aparantemente progresistas pero que por ignorancia o interés particular asumen tesis misóginas y reaccionarias como postulados de izquierdas.

La derecha, si pudiera, derogaría la legislación y políticas de igualdad entre sexos. La izquierda insititucional que sufrimos no deroga pero inhabilita y hace devenir en ineficaces la legislación y políticas de igualdad entre sexos.

Veamos un ejemplo. La ley integral de violencia de género LO 1/2004 fue el resultado de décadas de lucha del movimiento feminista, empezando por el movimiento feminista radical de los años 70 que logró que la violencia contra las mujeres empezara a ser entendida como un problema social que saliera de la esfera privada para desde la pública, instituciones incluidas, se le diera la respuesta adecuada. Pues  bien, el Ministerio de Igualdad, empecinado en aprobar políticas transgeneristas y sexistas (véase la la mal llamada ley trans) la LIVG, ha empezado el trámite parlamentario para modificar la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género (LIVG) e introducir la “identidad de género” como ya hecho en otras leyes pero en esta, por estar dedicada a erradicar la violencia basada en el sexo, reviste especial gravedad.

Introducir el concepto “identidad de género” en la ley integral produciría inseguridad jurídica por ser una noción jurídicamente indeterminada, relativa a la esfera de los sentimientos y autopercepciones, que no aclara si se refiere a sujetos legalmente registrados como varones o como mujeres. Mientras que las “mujeres transexuales” son desde el año 2007 reconocidas en nuestro país como víctimas de violencia de género con plenas garantías, dicha condición no puede extrapolarse a personas que no han cambiado su sexo registral y que no presentan ninguna incongruencia con su sexo. En definitiva, el concepto de “identidad de género” no distingue entre casos tan distintos como “transexuales”, “transgénero”, “travesti” y autodeclarados “no binarios”. Es un concepto que no permite distinguir con nitidez entre hombres y mujeres. Son únicamente las personas transexuales legalmente reconocidas como mujeres las que, en virtud de la ficción jurídica operada por el cambio del sexo registral, pueden ser víctimas de violencia de género, entendiendo por tales aquellas personas que presentan disforia. Los consensos internacionales en materia de violencia contra las mujeres establecen que la “violencia de género” es un término sinónimo de “violencia contra las mujeres por razón de su sexo”. El contexto explicativo, la causa, es el patriarcado (el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres). Al conceptualizar la violencia de género, no podemos difuminar el sexo ni convertirlo en una categoría irrelevante. El género, asumido acríticamente, (estereotipos y mandatos impuestos a cada sexo) perpetúa la violencia contra las mujeres. Si sustituimos la categoría “sexo” por la categoría “género”, las relaciones de poder desaparecen por arte de magia, desaparecen las mujeres como víctimas y desaparecen los hombres como sexo dominante en el sistema patriarcal.

Antes de que se extendiera una confusa noción identitaria del género, entendíamos por “sexo”, los machos y hembras de una especie (en la especie humana hablamos de mujeres y hombres); mientras que entendíamos por “género”, la definición que recoge el artículo 3 del Convenio de Estambul: los “papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”. Es decir, el género se refiere a los patrones de masculinidad y feminidad. Estos patrones de masculinidad o feminidad se inducen ya en la infancia para perpetuar la división sexual en el trabajo, la familia, la cultura y el poder. Por eso entendemos que la “perspectiva de género”, defendida desde planteamientos feministas, es una perspectiva crítica respecto a la construcción social de los sexos y, por ello, es una noción sinonímica de la “transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres” (ausencia de discriminación por razón de sexo), que debe informar el ordenamiento jurídico según la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. El género no es una identidad a proteger, sino una construcción social diferenciada que restringe el libre desarrollo de la personalidad y que debe ser erradicada de la educación y de todas las esferas de la sociedad para el logro de la igualdad efectiva entre ambos sexos.[1] Sin embargo, introduciendo en la LIVG la identidad de género solo se logra blindar jurídicamente el género, aquello que la norma tiene el deber de erradicar y no blinda y perpetuar) y abrir la puerta al fraude. Fraude a la LIVG en tanto que varones autoidentificados mujeres podrán acogerse a lo dispuesto en esta ley y pasar a ser considerados víctimas de violencia de género en supuestos que, en su caso, serían violencia doméstica. Por su parte, la ley trans permite que por mera declaración de voluntad se haga un cambio de sexo registral. Ello implica que tras susodicha declaración (sin ningún tipo de certificación), varones autoidentificados mujeres que sean investigados por delitos relativos a violencia contra las mujeres eviten la aplicación de la LIVG, el tipo delictivo concreto de violencia de género (artículo 153 CP) o la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal de agravante de género. Por tanto, la modificación explicada a LIVG junto a la ley trans acabarán por desmantelar y hacer ineficaz a la LIVG.

Son también preocupantes otras tesis defendidas desde el Ministerio de igualdad y desde nuevas iniciativas políticas que se presentan de izquierdas con tesis profundamente antifemenistas. Hablo de “Otras políticas”, la suerte de iniciativa política presentada por Monica Oltra, Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau y Fatima Hamed. Mónica Oltra defiende la explotación reproductiva y la compraventa de bebés en lo que ella llama gestación subrogada, Ada Colau la explotación sexual de las mujeres, son conocidas las subvenciones que su Ayuntamiento da a organizaciones que se dicen defensoras de los intereses de las “trabajadoras sexuales” pero cuyo único cometido es normalizar la prostitución y difundir el ideario del lobby proxeneta. Yolanda Díaz y Mónica García como todas las demás, defiende la sexista ley trans. Fatima Hamed, la orgullosa portadora y defensora del hiyab, que pretende introducir el islam en las instituciones. Es necesario hacer una crítica concreta al proyecto, pero como un ejercicio más, tristemente,  de explicar las amenazas que desde una autoidentificada y desnortada izquierda se presentan al feminismo y a todas las mujeres. Por eso hablaba aludía anteriormente al multiculturalismo, porque bajo su pátina pretenden que el islam y sus reaccionarios y sexistas postulados tengan cabida en opciones políticas que, diciéndose de izquierdas, lo que deberían estar defendiendo es el laicismo. Recordemos que el velo, aquello que se pretende normalizar es el símbolo político del islam, de la opresión sexual de las mujeres que provienen de contextos islámicos. Priva a las mujeres de su propia individualidad y presentación social, las  hace portadoras de una moral particular derivada de las imposiciones sexistas y religiosas. Ni el multiculturalismo ni la libertad individual son justificaciones válidas para mantener prácticas opresivas que en tantos países y a tantas mujeres han encarcelado y asesinado por revelarse contra ellas. Como suelo decir, lo que las mata allí, no puede ser legitimado aquí.

No hay “islamofobia”, ni transfobia ni ninguna de esas mendaces acusaciones y etiquetas punitivas construidas para silenciar y amedrentar a las mujeres feministas o a cualquiera que denuncie que estos caballos de Troya. Lo que hay es defensa del feminismo y de posturas políticas materialistas, racionalistas y universalistas, es decir, defensa de los valores que inspiraron el origen de la izquierda y sobre los que se han de construir los proyectos políticos de izquierdas.

Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además de exigir el cumplimiento de las vindicaciones feministas, cabe preguntarse cómo erradicaremos esta violencia si no somos capaces de identificar las amenazas que comprometen la legislación y las políticas de igualdad que tanto trabajo y lucha costaron al movimiento feminista. No tengan miedo a señalarlas, vengan de vengan y presenten con el nombre que se presenten. Estarán defendiendo los derechos de las mujeres.

Paula Fraga

 

[1] Texto en cursiva de las alegaciones jurídicas que presentamos desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres: “Consideraciones sobre la propuesta de Modificación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género”. https://contraelborradodelasmujeres.org/13402-2/


Paula Fraga, abogada especializada en derecho penal y de familia.

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