Digitales de mierda

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Antonio Francisco Ordóñez | En la Cataluña de la cosa nostra, en la que todo funciona como una sociedad secreta criminal a la siciliana, quién puede prosperar y cómo debe hacerlo está sujeto al escrutinio de las élites políticas y financieras que controlan esta región de España. No por casualidad, por ejemplo, el abogado Miquel Roca Junyent, después de su dimisión como secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya a finales de 1995 y tras anunciar que no repetiría como candidato en las elecciones municipales de 1999, abrió el bufete “Roca Junyent” en enero de 1996, que meteóricamente se convirtió en uno de los más prósperos de la ciudad de Barcelona y que diez años después de abierto, facturaba ya la friolera de 26,6 millones de euros.

En ese intento de controlarlo todo, no es ámbito menor el de los medios de comunicación. Aconsejo visionar el video de la mesa redonda “Medios de comunicación: uso y abuso por el capital y los nacionalismos” que en el marco de la Segunda Jornada ISCAT, la entidad ASEC/ASIC, con la colaboración de El Jacobino, organizó el sábado 26 de noviembre de 2022 [enlace] para hacerse una idea del control político exhaustivo de todo lo que se comunica en Cataluña.

Destacó en la citada mesa redonda por su compromiso y valentías numantinas, la intervención del director del digital El Triangle, Jaume Reixach (con residencia indeterminada a lo Yasir Arafat, como él mismo comentó, en prevención de males mayores), que acerca del Proceso soberanista de Cataluña que se desarrolló de 2012 a 2021 (simplificando en catalán: el Procés), afirmó que “desde el principio de la democracia existió un pacto secreto entre la Zarzuela y Pujol: no nos vamos a hacer daño. Tú dominas tu cotarro, que yo dominaré el mío”. Un pacto que el líder convergente considera “traicionado” al producirse el procesamiento por el Caso ITV de su hijo Oriol, que estaba llamado a ser su heredero natural en la presidencia de la Generalidad. “Como consecuencia de ello, Oriol Pujol tiene que dimitir. Y el Procés no es más que la venganza de Pujol por este proceso legal”.

En este magma comunicativo controlado por las élites, resulta pieza fundamental el empresario Jaume Roures, administrador único del grupo audiovisual Mediapro; figura destacada en el entramado al que he hecho mención y que según la Guardia Civil “podría formar parte del comité” de la convocatoria del 1 de octubre 1-O (del referéndum de independencia de Cataluña de 2017). Observen que se dice “podría” porque en Cataluña, como en la Sicilia del siglo XIX, resulta prácticamente imposible demostrar nada; la ley del silencio u omertá es el código que prohíbe informar sobre las actividades delictivas, consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas; y que, por ejemplo, sirve también dentro del nacionalismo catalán para cerrar filas (cuidar) al Presidente de la Generalidad, sea del color político que sea, ayudando a mantener incólumes los consensos básicos del catalanismo: Cataluña es una nación, Cataluña es un solo pueblo, el catalán es la lengua preferente (especialmente en la enseñanza) y los elementos administrativos que se pueden asociar a España son sustituidos o alterados.

Sin embargo, sí está demostrado –porque no ha habido forma de ocultarlo– que Mediapro organizó el centro de prensa que utilizó el gobierno de la Generalidad durante la convocatoria del 1-O para el seguimiento de la convocatoria de referéndum ilegal con 400 periodistas acreditados. En paralelo, atizó los ánimos con diversos documentales a medida sobre la cita y atacó frontalmente a la Administración del Estado, con el documental Las cloacas de Interior.

En este contexto, son pocos, muy pocos, los medios de comunicación que conservan una cierta independencia informativa en Cataluña; apenas unos digitales que con mucho voluntarismo y escasos medios mantienen la cabeza alta por lo que respecta a la defensa de los valores esenciales del periodismo (la verdad y la precisión, la independencia, el balance y la equidad, el humanismo y la responsabilidad). El Triangle es uno de ellos y pocos más: e-notíciesThe Objective… No busquen demasiado porque no encontrarán muchos más.

Por esto no es de extrañar que cuando en agosto de 2022 el citado todopoderoso Roures es pillado en Madrid por este último digital en una reunión con el excomisario José Manuel Villarejo en presencia de la exdirectora de TV3 (la televisión pública de Cataluña) y jefa de documentales de Mediapro –aquella que osó arrancar su programa en Catalunya Ràdio (la radio pública de Cataluña) en un especial del 27 de otubre de 2017 después de la proclamación de la República catalana en el Parlamento de Cataluña con un “Bona tarda, ciutadanes i ciutadans de la República Catalana” (Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos de la República Catalana)– tildase de “digital de mierda” a The Objective; insistiendo que el almuerzo “no pretendía manipular nada o crear fake news”, como “otras reuniones” entre el investigado y “otros periodistas”.

El contacto entre Roures, Villarejo, Terribas y José García Carrera, abogado del expolicía, había venido precedido de una polémica por los audios sobre informaciones relativas a Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de España por Unidas Podemos. Crónica Libre dio a conocer una conversación entre el propio Villarejo y Antonio García Ferreras (director y presentador de cabecera de La Sexta gracias a Roures) en la que el periodista aseguró que dio una información sobre Iglesias, aunque tenía dudas sobre la misma.

Y esta es una visión panorámica, forzosamente incompleta, de la realidad mediática nacionalista catalana que han configurado aquellos que para su objetivo secesionista se les llena la boca apelando al derecho y a las organizaciones internacionales. Olvidan, por ejemplo, que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en relación a los referendos constitucionales, exige entre otros requisitos que persiguen la imparcialidad que los medios públicos de comunicación no den una información sesgada y desequilibrada de las posiciones en juego; resultado esto, hoy por hoy, absolutamente imposible en Cataluña.

Por cierto, que la conexión entre la Casa Real y el nacionalismo catalán quizás explique el por qué, el citado al inicio de este artículo, fue contratado en abril de 2013 para defender a la infanta Cristina de Borbón en los procedimientos relacionados con el Caso Nóos. Acostumbrado como estaba a los tejemanejes del nacionalismo, llegó a proponer en diciembre de 2013 una reunión “clandestina” para tratar la posible imputación de la infanta; iniciativa que el propio juez instructor, José Castro, denunció.

La imprudencia de los que se sienten impunes acaba pasándoles factura. Gracias a los “digitales de mierda” por ayudar a que acabe sucediendo. Vuestra labor hoy es insustituible.

Al fin y al cabo, Cataluña es pequeña; todo acaba sabiéndose y todos acabamos conociéndonos.

 

Antonio Francisco Ordóñez


Abogado y letrado del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Ha participado en la creación de diversas organizaciones políticas como ASEC/ASIC o AIRE

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